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Un juzgado investiga un presunto delito de maltrato animal en el sacrificio de 92.000 visones tras un brote de coronavirus en Teruel

Un juzgado investiga un presunto delito de maltrato animal en el sacrificio de 92.000 visones tras un brote de coronavirus en Teruel 1

El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Teruel ha admitido a trámite la querella por un presunto delito de maltrato animal con resultado de muerte interpuesta contra el propietario de una granja con 92.000 visones en el municipio de La Puebla de Valverde (Teruel) que fueron sacrificados el pasado mes de julio tras verse afectados por un brote por coronavirus.

La querella fue presentada a principios de agosto por la presidenta y representante legal de Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias (Apadevi), la abogada María Girona, que responsabiliza a los propietarios de la explotación de provocar la situación al omitir las medidas necesarias para evitar la transmisión del virus a los animales por parte de sus empleados.

En su escrito, la letrada hace referencia a la decisión de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de ordenar el sacrificio de los animales tras constatar que había una transmisión comunitaria entre ellos y no poder determinar ni el origen del foco ni si era susceptible de transmitirse a los seres humanos.

A juicio de la abogada, resulta “evidente” que el responsable de la explotación no adoptó las medidas necesarias para que no se extendiera el contagio de forma masiva a los animales tras detectarse el virus en siete de los catorce trabajadores de la granja, descartándose entonces que los transmisores del contagio hubiera sido los visones.

Tras las peticiones hechas en la querella, respaldada por la Fiscalía de Teruel, el instructor del caso ordena iniciar una investigación y solicita que la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón informe sobre el proceso que derivó en el sacrificio de los animales. También pide al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que se identifique al representante legal o administrador de la explotación para su toma de declaración como investigado en relación a estos hechos.

El magistrado impone a la asociación el pago de una fianza de 600 euros como paso previo a la tramitación de la querella, una cantidad que la asociación y la propia fiscalía solicitaron que tuviera un carácter “simbólico” al carecer de recursos económicos para hacer frente a su pago.

Apadevi, según han informado desde la asociación, no descarta solicitar el apoyo económico de posibles donantes para hacer frente a los costes judiciales generados a lo largo de la instrucción del caso.

Los visones fueron finalmente sacrificados por orden del Gobierno aragonés bajo la supervisión de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), en una operación cuyo coste pretende la asociación que recaiga sobre la empresa de prosperar su querella. 

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