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Carta de una profesora: «Ha llegado el momento de defender mis derechos y los de otros docentes con patologías de riesgo»

Carta de una profesora: «Ha llegado el momento de defender mis derechos y los de otros docentes con patologías de riesgo» 1

Soy madre y profesora, y llevo meses luchando por una vuelta segura a las aulas tanto de los alumnos como de los docentes. Padezco además una enfermedad crónica por la que debo recibir tratamiento hospitalario inmunosupresor de forma periódica. Debido a ello, mis defensas están debilitadas y sufro déficit de vitamina D, que se ha demostrado crucial a la hora de luchar contra el virus.

El motivo por el que me he decidido a escribir esta carta es intentar denunciar una alarmante situación provocada por la pandemia: el hecho de que, en diversas comunidades autónomas, se está obligando a los docentes de riesgo a incorporarse a sus centros de trabajo sin que se cumplan las necesarias medidas de seguridad

frente al virus. Estamos hablando de docentes embarazadas y docentes con una o varias patologías de riesgo tales como cáncer, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica e inmunodeficiencia, entre otras.

Las ratios a las que nos enfrentamos son de hasta 25 alumnos por aula en Infantil y Primaria y hasta 35 en Secundaria, es decir, cifras similares a las que se manejaban antes de la pandemia.

Además, no todos los centros pueden cumplir con el mandato de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, ya que no tienen espacio suficiente para hacerlo. Para cumplir con las directrices enviadas por las correspondientes autoridades educativas, algunos centros se ven forzados a pedir a los docentes que abran y cierren las ventanas para ventilar y que rocíen con spray, una a una, las mesas de sus alumnos con el fin de desinfectarlas (y todo ello mientras los alumnos siguen sentados en sus pupitres). Por no hablar de los espacios comunes como pasillos, escaleras, patios y salas de profesores, donde el distanciamiento social suele brillar por su ausencia.

Respecto a la ventilación, para muestra un botón: hay compañeros que están dando clase en sótanos sin ventana, y otros que no pueden abrirla porque el ruido del tráfico no les deja dar clase. Conclusión: profesores y alumnos pasamos varias horas al día en espacios cerrados, mal ventilados, en contacto directo y estrecho unos con otros. Y estamos hablando de que un profesor en un núcleo urbano tiene, de media, unos 150 alumnos, sin contar sustituciones ni contactos indirectos, ya que en un mismo edificio convivimos varios centenares de personas a diario. Otro problema añadido es el de los docentes itinerantes, que deben desplazarse a varios centros, multiplicando el riesgo tanto de ser contagiado como el de extender el virus.

Sobre el uso de mascarillas, cabe decir que los alumnos de 0 a 6 años no tienen obligación de llevarla, por lo que los docentes -y especialmente los de riesgo y embarazadas, se encuentran totalmente expuestos-. A partir de 6 años, los niños acuden al centro con su propia mascarilla (las autoridades, por regla general, han enviado mascarillas de tipo quirúrgico solo para casos de emergencia), algunas de dudosa eficiencia y procedencia, de las que no tenemos ninguna garantía que sean cambiadas con la debida frecuencia ni desinfectadas de manera adecuada. Y por supuesto, somos seres humanos que necesitamos beber, estornudar, sonarnos la nariz… por lo que las mascarillas son retiradas con frecuencia dentro del aula por parte de los alumnos.

Lo más sangrante de todo es que la justificación que se nos está dando a los docentes con patologías de riesgo para obligarnos a acudir a nuestro centro en estas lamentables condiciones es que no corremos ningún tipo de riesgo, ya que nuestros alumnos son asintomáticos, lo cual no significa no ser portador del virus. De hecho, somos varios los docentes que hemos sido ya informados de casos positivos confirmados en nuestros centros a apenas semana y media del comienzo de las clases.

Como colofón a este cúmulo de despropósitos, a pesar de que existe un procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Covid tanto a nivel nacional como regional, que establece la obligación de defender a los trabajadores especialmente sensibles, a los docentes no se nos está aplicando y no entendemos por qué. Otros trabajadores en nuestra circunstancia tienen derecho a una adaptación de su puesto de trabajo para convertirlo en un entorno seguro, a teletrabajar o a que se le reasigne a un puesto con menor exposición al riesgo.

Como docente, llevo años intentando ayudar a que los hijos de muchas y muy diversas familias crezcan sanos y felices. Pero ahora ha llegado el momento de intentar defender mis derechos y los de otros docentes con patologías de riesgo. No pedimos ni más ni menos que otros trabajadores: un entorno de trabajo seguro para nosotros y nuestros alumnos.

* Patricia de la Fuente López es docente y vive en Valladolid.

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